Vivir en riesgo: al costado del arroyo plateado

Hoy en día existen fuertes discusiones sobre el cuidado del medio ambiente y las acciones que generan o no impacto en el mismo. Si bien hay empresas que respetan su cuidado y toman las medidas sanitarias adecuadas para no dañar el entorno en donde operan, existen otras que no tienen respeto por el ecosistema que rodea o los vecinos que viven en sus cercanías.
La planta recuperadora de baterías Industrial Varela S.R.L, a lo largo de estos últimos años es señalada por dejar a las 32 manzanas que forman parte del barrio La Rotonda, con un daño que hasta hoy es continuo y afecta tanto a los suelos y vegetación de la zona, como a sus habitantes, de los cuales los niños, embarazadas y ancianos son los que mas sufren.
La empresa opera mayoritariamente con baterías, las cuales contienen altas concentraciones de plomo. Al tener el arroyo Las Conchitas en sus cercanías, proceden a volcar los desechos tóxicos restantes en él, contaminando el agua que fluye en los alrededores de varios barrios residenciales. Fue tal la negligencia a ocuparse de sus residuos que aproximadamente por 1997, personal de la planta aprovechó que había varias calles sin pavimentar, y decidió rellenar el suelo con tierra, la cual tiempo después se supo que estaba contaminada con plomo, producto de las operaciones que se realizan en dicha industria.
Los órganos a los que el ya mencionado metal afecta son el cerebro, los riñones, los huesos y el hígado respectivamente, ocasionando graves problemas que pueden llevar inclusive a la muerte si no son tratados adecuadamente.
Estos problemas son aun mas graves en los niños, quienes absorben 5 veces más el material toxico y suelen presentar trastornos tanto en el sistema nervioso, como en las funciones cerebrales, afectando así al aprendizaje y desempeño escolar. También muestra un alto impacto en las mujeres embarazadas, ya que al tener altos niveles de plomo en sangre, pueden presentar muerte fetal, parto prematuro, malformaciones en el feto y bajo peso al nacer.

Durante 2004, hubo un punto clave que empezó a dejar al descubierto los atentados ecológicos de Industrial Varela: éste fue el denunciado por la Policía de Delitos Ambientales, más específicamente por los Inspectores Gonzalo Ortiz y Gabriel Oscar Riera, cuyo informe dio a conocer que se usaba de vertedero industrial parte del Parque Pereyra Iraola, el espacio verde y lugar de esparcimiento mas importante de la zona, donde muchos jóvenes y familias, van en busca de pasar un día al aire libre, sin saber que respiran el mismo aire lleno de plomo que los vecinos de La Rotonda, ya que tanto la tierra como la vegetación es capaz de alojar el metal durante décadas.
Aproximadamente por 2005 se dieron a conocer los primeros casos de vecinos afectados por los niveles del metal en la sangre. Dichos estudios fueron realizados en hospitales ajenos al distrito, ya que siempre que se los hacían en Florencio Varela, se les decía a los pacientes que no presentaban residuos en el sistema orgánico. Lo que revela cierta complicidad del sistema sanitario con la Municipalidad. En su página web (http://www. industrialvarela. com.ar/) se ve que está habilitada por la Comuna y también por el Organismo Provincial Para el Desarrollo Sostenible, ¿Serán conscientes de que hay gente que aún en la actualidad sufre los efectos de la polución día a día?
Parte de la comunidad vecinal se auto convocó a asambleas que se extendieron hasta principios de 2006, en las cuales la gran mayoría se puso a favor de que en Semana Santa del mismo año, se protestara contra Industrial Varela, manifestándose en el cruce de la Ruta 2 con la calle Juana Azurduy, repartiendo volantes para concientizar sobre el tema, lo que poco pareció importarle a las fuerzas de Infantería, que mediante golpes y empujones, obligaron a las madres con sus hijos a retroceder y a dar fin a la convocatoria, en un puro acto de violencia represiva. Para apaciguar los ánimos, esa misma noche fue el representante de la Fiscalía N°10 Alfio Batista, quien por medio del acta 01005629, consiguió el cese preventivo de las actividades de la operadora de baterías, aunque luego de unas semanas, la planta volvió a funcionar. Más allá de los episodios de violencia, se consiguió declarar la crisis ambiental en el barrio.
El municipio accedió a hacer asambleas en barrios aledaños al arroyo Las Conchitas: San Rudecindo, La Carolina, y La Rotonda, quienes comparten el mismo problema. Estos lograron conseguir, mediante una presión constante, la formación del Comité de Crisis, integrado por los tres barrios mencionados, y el Municipio. Al principio parecía dar algo de frutos, pero luego se desvió la razón por la cual se creó la organización, ya que algunos se aprovecharon de la necesidad de los vecinos que vivían en situaciones precarias, y a cambio de colchones, mercadería, entre otras cosas que para estas personas era un lujo que no podían permitirse, lograron que se desligaran del Comité o pidieran mas beneficios en vez de luchar por la situación ambiental de sus vecindarios.

Plomo en el agua

Hartos de ver lo que sucedía en las asambleas, los representantes de La Rotonda decidieron ir por su cuenta a buscar a estudiantes de Bioquímica en la Universidad Nacional de La Plata, entre los cuales estaban el hoy recibido Dr. Darío Godoy y la Dra. Leda Gianmussi, quienes hicieron estudios del agua y los suelos del barrio, los cuales llevaron a la Facultad de Ciencias Exactas, donde descubrieron niveles excesivos de plomo en ambas muestras. Esto dejó a la Municipalidad de Florencio Varela en una posición tan comprometida, que tuvieron que admitir que existía la contaminación en la zona. Así se dictó la crisis ambiental.
Entrando ya en 2007, el agua empezó a llegar al barrio mediante gente que la transportaba en bidones, “aguateros” como se los llama comúnmente, “Era como volver al 1810” comenta Lucía Choque, ex docente y directora de la Escuela 42. Además, fue una de las vecinas que formó parte del Comité de Crisis, estuvo en la manifestación de 2006 y actualmente forma parte de los Vecinos Auto-convocados, organización que se formó luego de que La Rotonda se desligara de la institución interbarrial, ya que casi nadie se presentaba a las reuniones y además empezó a politizarse mediante la llegada de organizaciones de la izquierda varelense, quienes veían la oportunidad de promover su ideología en las asambleas.
Aproximadamente en noviembre de 2010, los residentes de la zona decidieron llevar la causa al terreno judicial, contactando a varios estudiantes de Abogacía, pertenecientes a la clínica jurídica de la Facultad de Derecho de La Plata, quienes decidieron tomar el caso y comenzar la lucha por el agua potable.
El Municipio usó fondos del Estado Nacional para financiar al personal escasamente capacitado del plan social “Más Trabajo”, cuyos obreros, con pocos, o inclusive nulos conocimientos de plomería e instalación de cañerías, hicieron una instalación deficiente, lo que provocó que las tuberías cedieran fácilmente a la presión, rompiéndose y dejando que la tierra penetrara mezclándose con el agua.
Ante esto, el Taller de Aguas de la UNLP declaró que el agua no era apta para el consumo humano. En respuesta, los vecinos decidieron no pagar el servicio hasta que se normalizara. Las conexiones no estaban habilitadas por OCABA, el Organismo del Control del Agua en Buenos Aires.
Los procesos judiciales en cuestión, apresuraron a que la recuperadora de baterías consiguiera una apurada habilitación, lo que le dio lugar a declarar en contra de los vecinos, llamándolos “usurpadores”, algo irónico sabiendo cómo es el accionar de algunas industrias que se instalan sin pedir permiso y sin la documentación reglamentaria, una grave falta de respeto para con los que pagan por su irresponsabilidad a la hora de manejar desechos.
En octubre de 2014, tanto el Taller como OCABA declararon que el agua ya estaba en condiciones, y los vecinos volvieron a pagar las facturas tal como lo habían prometido. Aún así, la contaminación en los suelos y en la vegetación siguió su ciclo, ya que ambos están impregnados de plomo y demás materiales tóxicos.
Los valores de toxicidad superan tanto el promedio de zonas industriales similares, como el límite establecido en el Decreto N°3395/96 de la Ley N°5965, tal como quedó demostrado en la investigación de Constanza Bernasconi y sus colegas de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP de 2012, que puede ser encontrada fácilmente en la web. Dichas pruebas fueron cuestionadas por el Dr. Mario Kanashiro, Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio, quien decidió hacer sus propios exámenes, que terminaron arrojando los mismos resultados que los de Ciencias Exactas. El objetivo era buscar fallas en las investigaciones previas, para anular la declaración de Crisis Ambiental vigente desde 2006, consiguiendo la habilitación del predio para crear un polo industrial, y hacer que aún mas fábricas se instalen en los alrededores de la humilde zona.

La lucha continúa

La lucha de los vecinos del barrio La Rotonda aún sigue vigente. En 2016, no piensan rendirse ante un estado ineficiente que prefiere ocultar los delitos ambientales, antes de resolverlos y una empresa que debería operar a mas de 2 kilómetros de cualquier población debido a los materiales con los que trabaja.