Nota Principal

La Nueva Gran Estafa

 

Quienes tuvieron oportunidad de ver el programa CQC emitido el 9 de junio ppdo, se sorprendieron con el nuevo desembarco del ciclo en Florencio Varela, para denunciar, ahora, una posible estafa con un “barrio fantasma” en nuestra ciudad.
Se trató de un tema sobre el que Mi Ciudad dio un anticipo el año último, anunciando que en breve iba a presentarse una denuncia que significaría un nuevo dolor de cabeza para el Intendente Pereyra y algunos de sus funcionarios, aportando este medio a la primicia, meses después, otro dato: avalando esta presentación ante la Justicia estaría, dijimos, “un líder zonal, apolítico y de indudable credibilidad”.
Finalmente, con el patrocinio del abogado Gabriel Bicinskas, miembro del Departamento de Justicia y Paz del Obispado de Quilmes, en la primera semana de este año, la denuncia penal por estafa fue presentada, según lo dice en su introducción, “bajo el impulso de Monseñor Luis Teodorico Stöckler, Obispo de Quilmes”.
Lo que pudo verse por CQC fue patético en lo que se refiere a la actitud de nuestros funcionarios: Gonzalito poniendo juguetes en el escritorio del arquitecto Tomás Vanrell y haciéndolo escribir lo que le dictaba como si fuera un nene de Jardín de Infantes, mientras parecía no tener idea de lo que se le estaba denunciando, fue una muestra más del nivel intelectual de la “Gestión Pereyra”, reforzada por la deplorable “respuesta” que se intentó dar desde la oficina de Catastro y también reprodujo el programa de Mario Pergolini.
Acompañando a los vecinos perjudicados pudo verse hablando en cámaras al abogado del Centro Enrique Angelelli, Dr. José Luis Calegari.
La denuncia apunta a la empresa “Varela del Sol S.A.”, que desde 1997 venía vendiendo lotes en nuestra ciudad, en este caso, situados en una parcela cercana al Arroyo Las Piedras. Según se manifiesta, “luego de pagar los adelantos y las primeras cuotas, algunos compradores intentaron comenzar a pagar los impuestos correspondientes a sus lotes pero al llegar al Municipio de F. Varela les respondían que no era posible el pago ya que esa nomenclatura era inexistente y no figuraba en los mapas del Municipio. Otros intentaron pedir el servicio de telefonía… y se les respondía que el barrio era totalmente inexistente. Lo mismo ocurrió con otras tratativas para teléfonos públicos, gas, etc…”.
La cuestión toca fuertemente al Gobierno Comunal, ya que también se solicita en la denuncia que “se investigue la posible responsabilidad de las autoridades municipales” por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Para colmo, siguiendo con lo relatado en la presentación judicial, los compradores que lograron abonar la totalidad de las cuotas, como la vecina Sebastiana Saldívar, no lograron que la empresa vendedora les entregue la correspondiente escritura.
Ante las constantes referencias a la inexistencia de los lotes objeto de la transacción, definiendo a ese sector como un descampado sin división que no puede estar habilitado para viviendas por parte del Municipio y de empresas varias, surgió en los compradores la sospecha de que los terrenos no estaban debidamente subdivididos para poder ser comercializados de acuerdo a las leyes vigentes.
Si como se piensa, la parcela II, 596-F, que de ella se trata, no está subdividida, cada boleto de compraventa podría constituír una prueba de estafa.

¿También usura?

La denuncia cuestiona además una cláusula de los boletos a través de la cual, ante la falta de pago de dos cuotas seguidas o tres alternadas, la empresa vendedora queda habilitada a rescindir el contrato y retener la suma pagada, cualquiera sea su monto. Esta circunstancia hizo que se exigiera desalojar los lotes a gente que ya había construido su casa en ellos, dándoles la opción de firmar un nuevo boleto y teniendo que empezar a pagar todo desde cero. Ese fue el caso de la familia compuesta por Mauro Barcos y Sandra San Martín, quienes pagaron ya alrededor de 20.000 pesos por un terreno cuyo valor (en caso de ser susceptible de ser vendido) nunca superaría los 7500 pesos.

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