EDITORIAL

Justicia lenta no es justicia

Editorial » 01/03/2019

En septiembre de 2016, la diputada nacional Elisa Carrió presentó una denuncia por enriquecimiento ilícito, desvío de fondos y otros delitos contra el por entonces Intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra. La causa, que cayó en manos del Juez Luis Armella, comenzó con un gran movimiento, que incluyó el allanamiento de la Municipalidad y del Concejo Deliberante, y luego se amplió con la revelación por parte de la denunciante de los inexplicables bienes que aparecieron a nombre de las dos ex esposas del por casi tres décadas dueño del poder político varelense. Eran días en los que todavía muchos creíamos que había nacido en el país una especie de «Mani pulite» a la Argentina, que se llevaría puestos a los que arrasaron con el país y cada uno de nuestros municipios.
Sin embargo, luego de ese envión inicial, la causa parece haberse «planchado» sin mayores explicaciones. En el medio de todo, curiosamente, Pereyra, ya como diputado provincial, y con licencia como intendente, tuvo un fundamental papel en la aprobación lograda por la gobernadora María Eugenia Vidal, en la Legislatura, de sus presupuestos anuales, la que hubiera resultado imposible sin los votos que el viejo Barón del Conurbano supo conseguirle.
Armella, quien llegó a su cargo por impulso del kirchnerismo, estuvo involucrado en dos graves causas judiciales. Una de ellas, referida a la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), ente al que debía monitorear en su saneamiento del Riachuelo, y la otra, un caso de secuestro extorsivo que terminó con cinco inocentes detenidos y luego liberados. En la primera, Armella fue separado del caso por la Justicia, acusado por la Auditoría General de la Nación de favorecer con contrataciones a cinco empresas vinculadas a él, una de las cuales, inclusive, habría pertenecido a su suegro. La cuestión llegó al Consejo de la Magistratura, donde quedó sugestivamente congelada. En la segunda, la investigación todavía sigue su curso.
La Justicia lenta no es Justicia, se dice y se sabe, en el país en el que el múltiple condenado ex Presidente Menem sigue disfrutando de su libertad y de su banca en el Senado, gracias a la protección que le supieron dar sus pares del Peronismo, siempre tan divididos a la hora de quedarse con el poder, pero tan fraternalmente unidos a la hora de cuidarse el pellejo.
Sea por lentitud, inoperancia o intereses de quienes están a cargo de las causas, en Argentina la corrupción continúa siendo un delito que nadie paga. O peor aún: que sólo pagan los ciudadanos, víctimas de los desfalcos que funcionarios y seudo empresarios que nada serían sin la teta inagotable del presupuesto público, vienen cometiendo en una vil alianza de saqueo impune desde hace décadas.
«A los jueces que se atrevieron a meter presos a los compañeros, ni piedad. Van a ir a la cárcel», dijo el dirigente y ex funcionario K Luis D´Élía hace un par de días. Es otra de las imágenes patéticas de una Argentina en la que en muchos aspectos, todavía no ha cambiado nada.

 


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