Funcionarios de Watson, a juicio

Continúan los escándalos sexuales que involucran a integrantes del poder político varelense.
Podemos hacer memoria, sin mucho esfuerzo: En los últimos tiempos, se desplazó de su cargo a un importante funcionario por supuesto acoso a una subordinada, a un empleado que suele disfrazarse de periodista se lo cambió de dependencia por una denuncia de abuso, dos funcionarios de un área deportiva fueron acusados de violación, y todavía se mantiene firme junto al intendente Watson- que ama fotografiarse con ella- la funcionaria que dirigía un Hogar en el que se investiga la supuesta violación de un bebé de ocho meses, que murió. Todo esto sin dejar de mencionar la prisión de Daniel Zisuela, por prostituir menores. Y no son los únicos episodios.
Justamente por la derivación de esta última causa, dos funcionarios municipales y la referente de un movimiento político local estarán sentados en el banquillo de los acusados junto a otras cinco personas cuando se designe el Tribunal Oral Criminal que encarará el juicio de la llamada causa «Zisuela II».
La causa mencionada consiste en la segunda parte del expediente judicial que terminó con el fallecido ex concejal peronista y dirigente gastronómico Daniel Zisuela tras las rejas por prostitución de menores, acaba de ser elevada a juicio por el Juez de Garantías Alejandro Mora y es el fruto de una exhaustiva investigación de una de las figuras más transparentes y lúcidas de la Justicia Provincial: el Fiscal Daniel Ichazo.
En la resolución, Mora no hizo lugar a los planteos de nulidad ni a los sobreseimientos requeridos por los letrados de los imputados y resolvió elevar la causa 13-01-10197-19 a juicio, señalando que a su entender «prima facie, los hechos investigados han existido».
La acusación abarca a los funcionarios varelenses Franco Risso e Isabelino Barraza, del área de Defensa Civil, la ex candidata a concejal por el espacio de Randazzo y referente del Movimiento «Libres del Sur» Mirta Rojas, la secretaria histórica de Zisuela, Karina Funes, el empresario Damián Faldetta, el ex candidato a concejal de Cambiemos, Pedro Astudillo, el letrado Daniel Mazzocchini y Walter Bacigalupe.
Los cargos son «promover la facilitación de la prostitución de menores y mayores de edad agravada por su comisión mediante el ejercicio de amenazas y aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad» y «prevaricato de abogado y encubrimiento».

En su escrito, el Juez manifiesta que «al menos desde el 27 de octubre de 2013 al 17 de diciembre de 2018 en días y horarios indeterminados, en principio Faldetta, Astudillo, Risso y Barraza, entre otros, al menos en el local comercial Princes del Cruce Varela, prestaron a Zisuela colaboración en la promoción y facilitación del ejercicio de la prostitución de P (entonces de 16 años), N (entonces de 15 años), C, M, M, P y otras mujeres no identificadas, a quienes Zisuela introdujo y perpetuó en el circuito prostibulario, forzándolas a mantener relaciones sexuales con él y con otras personas a cambio de pagos en dinero y especies mediante el ejercicio de violencia física, intimidación y abuso de poder, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad y de la desigualdad habida cuenta de que el mismo era concejal de Florencio Varela, en circunstancias en que Faldetta ponía a su disposición los locales de su propiedad Santa Diabla de Florencio Varela, el que prestaba para su uso, mientras Risso y Barraza aportaban desde sus cargos municipales las herramientas para garantizar su impunidad, pagándole asimismo a Zisuela, al tiempo que Astudillo generaba los contactos con otras mujeres que llevaba al establecimiento».
A Mazzochini, quien fue el abogado del concejal de Cambiemos Diego Giménez y también de Paula Blanco, la testigo fundamental de la primera causa contra Daniel Zisuela, se lo imputa por «perjudicar los intereses» de su defendida, y «ofrecerle dinero en efectivo para que desvincule a Giménez, sindicado como partícipe en otros juicios».
Giménez, edil y gremialista, quien se promocionaba como el referente de Cristian Ritondo en Florencio Varela, fue condenado el año último por «amenazas agravadas» a un año y cuatro meses de prisión con ejecución condicional, junto a otros integrantes de la UOCRA, pese a lo cual continúa manteniendo su banca en el Concejo Deliberante local.
Acerca de Karina Funes, la histórica «mano derecha» de Zisuela en el Sindicato Gastronómico y en el Concejo, el Juez manifiesta que «prestó a Zisuela colaboración para la promoción y facilitación del ejercicio de la prostitución» y que ponía a disposición de su ex jefe su departamento en el Cruce Varela para la ejecución de los delitos investigados.
Sobre Mirta Rojas, también se señala que «prestó colaboración en la promoción y facilitación del ejercicio de la prostitución» de las víctimas y se afirma que «le presentó a Zisuela chicas para la realización de las conductas endilgadas».
Por qué los escándalos sexuales se están convirtiendo en una constante entre los integrantes del poder político local será tema para psicólogos y psiquiatras. Que los culpables paguen efectivamente por sus actos será cosa de la Justicia, que esperemos se abra paso sin importar las banderías que, como puede verse en la última causa, atraviesan a distintos espacios e ideologías.