Una muerte y varios culpables

adelantado estudiante de la UNAJ, murió insólitamente al desfondarse el estribo delantero del colectivo en el que viajaba y ser aplastado por las ruedas del propio vehículo. Una amiga que lo acompañaba también cayó por el hueco y sufrió severas lesiones.
El hecho, una suprema muestra del descontrol, la negligencia y la falta de responsabilidad que impera en nuestra localidad, fue dado a conocer por Mi Ciudad y luego levantado por medios zonales y nacionales. Se trató del interno 722 de la línea 512 de la empresa «San Juan Bautista», la concesionaria que en forma monopólica explota el transporte local de pasajeros desde hace años y que es repetido objeto de quejas de miles de vecinos en las redes sociales por el deplorable estado de sus unidades y el no cumplimiento de las frecuencias establecidas. Una de las grandes preguntas que todos nos hacemos es de qué manera ese vehículo pudo haber aprobado una verificación vehicular técnica, si es que en realidad la tenía al día, como trascendió. Paradójicamente, el micro lucía una publicidad del Municipio en su luneta trasera.
El caso está siendo investigado por el Juez Adrián Villagra, del Juzgado de Garantías N° 7 de Florencio Varela, con intervención de la Fiscal Roxana Giménez. Ya se realizó una pericia al colectivo y se espera que declaren varios testigos del evento. Una versión que circuló por las redes es que el chofer del ómnibus se había negado a salir de la Estación por la cantidad de pasajeros que tenía y que un inspector de la empresa lo habría obligado a hacerlo.

En el Concejo

La muerte de Sebastián no originó ningún pronunciamiento público del intendente Watson y no fue sino hasta la sesión del Concejo Deliberante desarrollada trece días después, que los concejales oficialistas se refirieron al tema. Las bancadas de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza habían presentado un proyecto, que se trató ese día, para «revocar la concesión» y rescindirle el contrato a la empresa «por las condiciones de seguridad y calidad del servicio». La mayoría oficialista impuso su número y no avanzaron sobre lo solicitado por la oposición, aunque concedieron solicitar informes al Ejecutivo sobre el estado de las unidades y otras cuestiones que hacen al cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato.
«La actitud del concejal Alaniz es caranchera -dijo el oficialista Darío D´Aquino- Acá tiene que haber una investigación judicial y que la Justicia condene a quien tenga que condenar. No podemos dejar sin transporte a la población y sin trabajo a más de 300 personas. Un proceso licitatorio no se puede hacer de un día para otro».
Luego, Alaniz recordó que el año pasado su bloque presentó un pedido de informes sobre la frecuencia y el estado de los colectivos de la empresa San Juan Bautista que el oficialismo no dejó que se tratara.

Una Comisión, como decía Perón

En diciembre de 2018, el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza que adjudicó por diez años el servicio de transporte local a la empresa «San Juan Bautista S.A.». Esta firma forma parte del grupo Micro Ómnibus Quilmes (MOQSA) y maneja más del 90 por ciento de los ramales varelenses, ya que también es propietaria de «El Halcón». Pero el tratamiento estaba viciado desde su origen: Hacía solo un par de meses que delegados y choferes de la compañía habían bloqueado el edificio del cuerpo deliberativo local intimando a los concejales para que quitaran del pliego la cláusula antimonopólica, que prohibía que una misma empresa pudiera explotar más de cinco ramales, cosa que finalmente sucedió. Haciendo caso a una vieja consigna adjudicada al General Perón, la que reza que «si querés que algo nunca se resuelva, armá una comisión para tratarlo», el Concejo formó una comisión de seguimiento para supervisar el comportamiento de la adjudicataria. Ese pequeño grupo de trabajo estuvo integrado por los ediles Tony Suárez, Laura Ravagni y Liliana Cristaldo, todos del oficialismo, más Carlos Bocco, de Juntos por el Cambio, Néstor Avalos, del Frente Renovador, Héctor Salatino, de Nuevo Encuentro, y Gabriela Mancuello, de la UCR. ¿Sus conclusiones? Nunca las conocimos.

Una ordenanza que es papel pintado

Repasar las condiciones que la ordenanza 9040, reguladora del sistema de trasporte local, establece, indigna por su absoluta falta de cumplimiento. En su artículo 33, la norma dice: «no se podrá prestar el servicio con vehículos cuyas deficiencias atenten contra las garantías y seguridad del usuario y/o del servicio». Por ello, el Ejecutivo puede pedir la rescisión del contrato «por deficiencias graves reiteradas en el servicio, fehacientemente comprobadas y notificadas al concesionario». También, «por superar el parque automotor la antigüedad autorizada por la normativa aplicable». ¿De cuántos años estamos hablando? De 13 años. Ningún colectivo puede ser más antiguo que ese límite, un requisito bastante laxo, desde ya. La ordenanza también determina que las unidades tienen que tener rampas para discapacitados, algo que ninguna cumple aún hoy.
Cualquiera que viaje en estos ómnibus sabe las condiciones en las que se encuentran. Desvencijados y sucios, tampoco respetan las frecuencias y muchas veces dejan parados a los usuarios durante horas esperándolos. Esto provoca otro inconveniente: el amontonamiento de los pasajeros, que viajan como ganado, sin que le importe a ninguno de los representantes locales de «el Estado presente».
Asimismo, en el Concejo Deliberante «funciona» una comisión de transporte que preside el concejal Guillermo Poletti, y que, como si viajar por las calles varelenses fuera un paraíso, sólo se reunió una vez en lo que va del año. Ni ellos ni el área de Movilidad Urbana de la Comuna, parecen ocuparse debidamente de controlar el cumplimiento del contrato.

¿Quedará todo en la nada?

La pregunta es si este caso, como tantos otros, quedará en la nada o será una bisagra para cambiar la realidad del transporte en Florencio Varela. El intendente Watson y los concejales deberían responder algunas cosas, entre ellas:
¿Por qué se permite que una empresa trabaje en forma monopólica? ¿A quién perjudicaría que se abran las calles varelenses a todas aquellas empresas que deseen cubrir el servicio? La población tendría mayor oferta y mejores frecuencias. ¿Por qué no se controlan las unidades que circulan por el distrito? ¿Para qué está la oficina de Movilidad Urbana? ¿Para qué sirve la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante? ¿Por qué se permite que una empresa siga adelante sin respetar el convenio que firmó?
Pero aunque lleguen las respuestas, la vida de Sebastián no volverá. Una muerte que espera justicia. Una muerte con varios culpables, de la que nadie quiere hacerse responsable.